Hoy en día, internet se ha convertido en el refugio de muchas personas que utilizan este medio para insultar, difamar, calumniar o cometer cualquier tipo de delito de manera anónima mediante un pseudónimo falso a otras personas o empresas.
Los portales más habituales para dichas prácticas son las redes sociales como Tuenti, Facebook, Twitter, Instagram y blogs, entre otras.
¿Qué pasa cuando se vulneran nuestros derechos por medio de estos portales y queremos denunciarlo?
En muchas ocasiones, las páginas donde se plasman estos insultos, abusos, difamaciones o cualquier tipo de acto ilícito son borrados o desaparecen al cerrar la sesión de las redes sociales.
Durante mucho tiempo, para poder denunciar estos hechos se han realizado «pantallazos» de estas conductas ilícitas y se han utilizado como prueba en los Juzgados de lo Penal. No obstante, había mucha ambigüedad ya que había Juzgados que sí admitían la prueba, mientras que otros no lo hacían, puesto que es un material que puede ser manipulado con mucha facilidad.
Este año, y para solucionar este problema, el Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 2047/ 2015 en la que establece unos criterios para poder aceptar el «pantallazo» como prueba válida.
Este tribunal exige que para que el «pantallazo» sea admitido como prueba tiene que ir acompañado de un dictamen pericial realizado por un Técnico Informático. Este dictamen tiene que verificar que los hechos relatados por el denunciante son veraces y que las páginas o los perfiles que se relatan no son falsos.
Otro criterio que exige el Tribunal es que el denunciante, en el caso de denunciar unos hechos realizados en una red social, tiene que facilitar la contraseña y el usuario de la misma. Esto refuerza la buena fe del denunciante ya que demuestra con ello que no está denunciando de forma falsa unos hechos, sino que está poniendo en conocimiento de la autoridad correspondiente unos acontecimientos que considera ilícitos, por lo que no tiene ningún temor a “dar la cara” ya que no ha falsificado nada.
Licenciada en derecho por la Universidad de Zaragoza.
Master en práctica jurídica por CEIJ
Especialista en Derecho Animal y en Protección de Datos
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